España ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de su panorama legal al transponer la Directiva de Denunciantes de la UE a la legislación nacional. La Ley 2/2023, también conocida como Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, tiene un profundo impacto en las entidades de más de 50 empleados, obligándolas a cumplir obligaciones específicas de cumplimiento. En este artículo, analizamos las implicaciones multidimensionales de esta ley fundamental.
La perspectiva laboral y del empleo
La columna vertebral de la Ley de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción está estrechamente entrelazada con la legislación laboral y de empleo. Cabe destacar que la ley estipula que el sistema de denuncias se implementará en consulta con los representantes estatutarios de los trabajadores. La ley también destaca que deben existir protocolos para prevenir malas conductas en el lugar de trabajo, como el acoso, el acoso sexual y la discriminación contra las personas LGTBI.
Este desarrollo implica que los trabajadores, que suelen ser los protagonistas del escenario de denuncia, estén protegidos y se reconozcan sus derechos y obligaciones. Tal estructura mejora el tejido ético del lugar de trabajo al tiempo que garantiza que se cumplan los requisitos de la legislación laboral.
La perspectiva de la protección de datos
Un cambio significativo que introduce la Ley de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción en España es la calificación del órgano de gobierno como controlador del sistema de denuncias. Este cambio coloca al órgano de gobierno en la obligación legal de cumplir con todas las disposiciones de la legislación de protección de datos.
Sin embargo, la introducción de la ley plantea algunos desafíos, incluida la definición del procesamiento de datos confidenciales y el almacenamiento de datos personales resultantes de las comunicaciones recibidas en el sistema de denuncias. Por tanto, un examen detallado de estos aspectos es vital desde el punto de vista de la protección de datos para evitar cuantiosas multas que podrían llegar hasta los 20 millones de euros.
La perspectiva del derecho penal
Desde el punto de vista del derecho penal, asegurar la compatibilidad del sistema de denuncias con el derecho a la defensa de una organización en un proceso penal se vuelve crucial tras la implementación de la Ley de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Además, el impacto de la ley en los estándares de cumplimiento existentes de la organización y los sistemas para reportar irregularidades es igualmente significativo. Este requisito proporciona una capa adicional de protección para las organizaciones, al tiempo que garantiza el estricto cumplimiento de la ley.
La perspectiva del gobierno corporativo
La Ley de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ofrece flexibilidad a las estructuras corporativas, permitiendo un único sistema de denuncias para todo un grupo o sistemas individuales para cada subsidiaria. La decisión de elegir el modelo más adecuado depende de múltiples factores, como la estructura corporativa, la gobernanza y el nivel de descentralización que cada grupo busca adoptar.
Perspectiva contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
La Ley de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción extiende su ámbito de aplicación a todas las entidades obligadas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La implementación de un sistema de denuncia de irregularidades para denunciar incumplimientos de las reglamentaciones relacionadas ayuda a cumplir con los requisitos establecidos por la ley y desempeña un papel fundamental en la lucha contra los delitos financieros.
El escenario actual: la denuncia de irregularidades en las empresas españolas
Según un estudio de EQS Group, el 62% de las empresas españolas recibieron denuncias el año pasado. Estas denuncias iban desde conflictos entre el personal hasta violaciones de las normas sociales y los derechos humanos, e incluso corrupción. A pesar de esto, el 58% de las empresas reportaron haber realizado cambios para adaptarse a la Ley de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, lo que refleja un compromiso con el cumplimiento y la transparencia.
Conclusión
En conclusión, la Ley de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción de España afecta a múltiples aspectos del derecho empresarial, desde el laboral hasta el gobierno corporativo. A medida que las empresas españolas continúen adaptándose a los requisitos de la ley, será fundamental controlar la eficacia con la que implementan estos cambios. Además, será interesante observar el impacto de la ley en la lucha contra los delitos financieros y la mejora de la transparencia general en el panorama empresarial español.
